October 19, 2026
El primer análisis exhaustivo a escala mundial revela que los costos ocultos para los gobiernos y la sociedad son entre cuatro y doce veces mayores que el valor de los propios subsidios.
EREVÁN, Armenia (19 de octubre de 2026) — Un nuevo análisis de Conservación Internacional pone cifras a uno de los obstáculos menos visibles para la protección de la naturaleza: no solo los billones de dólares que los gobiernos destinan cada año a subsidios que contribuyen a la deforestación, la sobrepesca y la contaminación, sino también la factura mucho mayor que dejan los daños asociados a estas actividades, que puede alcanzar los 24,7 billones de dólares anuales.
El nuevo informe, Pagar dos veces: argumentos fiscales para reformar los subsidios perjudiciales para la naturaleza, presenta el primer análisis exhaustivo a escala mundial de estos costos ambientales y sociales. Según sus estimaciones, ascienden a entre 11 y 24,7 billones de dólares al año, entre cuatro y doce veces más que los 2,1 a 2,7 billones de dólares que los gobiernos destinan anualmente a subsidios perjudiciales para la naturaleza. En comparación, los gobiernos destinan apenas 210.000 millones de dólares al año a financiar actividades que benefician a la naturaleza.
En la práctica, los gobiernos y la sociedad pagan dos veces: primero, al financiar subsidios que degradan los bosques, los suelos, los recursos pesqueros y otros ecosistemas; y después, al asumir los costos de esos daños. La factura recae sobre los gobiernos, las empresas y las comunidades, a menudo años después y lejos del lugar donde se otorgaron los subsidios.
Estos costos se manifiestan de distintas maneras. Los subsidios agrícolas pueden contribuir a la deforestación, la contaminación por nitrógeno y la degradación de los suelos, lo que genera gastos adicionales para tratar el agua, recuperar la salud de los suelos y adoptar otras medidas. Los subsidios a la pesca pueden fomentar la sobrepesca y dañar los arrecifes de coral y los manglares, debilitando la protección natural que estos ecosistemas ofrecen frente a las tormentas y las inundaciones. Por su parte, los subsidios a los combustibles fósiles contribuyen a la contaminación del aire y a las emisiones de gases de efecto invernadero, con importantes consecuencias económicas para la salud humana y la infraestructura.
“Desde hace años sabemos que los gobiernos destinan enormes sumas de dinero a subsidios que, muchas veces sin quererlo, terminan dañando o a la naturaleza. Lo que no conocíamos era el resto de la factura,” afirmó Patricia Zurita, directora ejecutiva y directora de Asuntos Externos de Conservación Internacional. “Este análisis demuestra que el subsidio en sí es apenas el comienzo. Los daños que provocan pueden costar muchas veces más y, sin embargo, gran parte de esos costos sigue siendo invisible.”
De los compromisos a la acción
El informe se publica coincidiendo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad de 2026, que reúne a representantes de distintos países en Ereván. Uno de los principales temas que se abordarán será cómo movilizar los recursos necesarios para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. En el marco de la revisión de los avances en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, la reforma de los subsidios ocupará un lugar destacado.
En virtud de la Meta 18 del marco, los gobiernos se comprometieron a identificar y eliminar o reformar los incentivos perjudiciales para la biodiversidad por un valor de al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030. Este esfuerzo podría contribuir también al cumplimiento de muchas otras metas. Sin embargo, la mayoría de los países están rezagados. Un análisis reciente reveló que solo alrededor del 16% de los países que han presentado informes sobre sus avances han cumplido el primer paso: identificar los subsidios perjudiciales para la biodiversidad.
El informe ayuda a entender por qué la reforma ha resultado tan difícil. Muchos subsidios se crearon para cumplir objetivos importantes, como apoyar a los agricultores y pescadores, generar empleo rural o mantener los alimentos y la energía a precios asequibles. El desafío consiste en preservar esos beneficios y, al mismo tiempo, reducir los daños no deseados a la naturaleza. Esto puede ser políticamente complejo, ya que los beneficios de los subsidios suelen ser inmediatos y concentrarse en determinados sectores, mientras que los costos ambientales y sociales, mucho mayores, se distribuyen entre toda la sociedad y a menudo se manifiestan años después. Por eso, rara vez se tienen en cuenta al tomar decisiones presupuestarias.
El informe sostiene que conseguir nuevos recursos para proteger la naturaleza es solo una parte de la solución. Los gobiernos también deben preguntarse si los billones de dólares que ya gastan cada año están socavando sus propios objetivos de biodiversidad y si es posible rediseñar ese apoyo público para lograr mejores resultados tanto para las personas como para la naturaleza.
“No se trata de elegir entre apoyar a las personas o proteger la naturaleza. Reformar los subsidios significa encontrar mejores maneras de lograr ambas cosas,” señaló Lina Barrera, vicepresidenta sénior del Centro de Políticas e Incentivos de Conservación Internacional. “Hacer visibles los costos ocultos de los subsidios perjudiciales demuestra que no estamos hablando únicamente de una cuestión ambiental. También se trata de cómo estamos usando los recursos públicos y si realmente los estamos aprovechando. La COP17, donde los gobiernos evaluan sus avances, es una oportunidad para impulsar estas reformas”.
A través de su iniciativa para Acelerar la Transición de Subsidios e Incentivos (ARTSI, por sus siglas en inglés), apoyada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Fundación Gordon y Betty Moore, André Hoffmann, UBS Optimus Foundation y una fundación anónima, Conservación Internacional está demostrando que no es necesario esperar a grandes cambios políticos para comenzar a reformar los subsidios. En lugar de intentar transformar programas enteros de una sola vez, ARTSI trabaja con gobiernos, instituciones financieras y productores para identificar oportunidades concretas: políticas que puedan modificarse dentro de los ciclos presupuestarios existentes, o nuevos incentivos que desde el principio estén diseñados para apoyar tanto los medios de vida de las personas como la naturaleza.
Por ejemplo, en Colombia, Conservación Internacional trabaja con el banco de desarrollo agropecuario del país para explorar cómo los créditos subsidiados podrían incentivar a los productores de cacao de la Amazonía a conservar los bosques y evitar la expansión de los cultivos hacia nuevas áreas. El proyecto piloto busca contribuir al diseño de opciones de financiamiento mejor adaptadas al ciclo de producción del cacao, al tiempo que promueve prácticas más sostenibles, como la conservación de los bosques y la obtención de certificaciones orgánicas, que pueden ayudar a aumentar los ingresos de los agricultores.
En Fiyi, Conservación Internacional trabaja con agricultores para probar fertilizantes orgánicos producidos localmente como alternativa a los fertilizantes químicos importados, que pueden llegar a las aguas costeras y los arrecifes de coral durante las lluvias intensas y las inundaciones. El proyecto piloto busca demostrar los beneficios de ampliar el apoyo gubernamental a fertilizantes orgánicos elaborados con materiales locales, como estiércol, residuos de pescado y algas marinas, y reducir así la dependencia de fertilizantes químicos que actualmente reciben subsidios públicos.
En Filipinas, Conservación Internacional trabaja con el gobierno y otros socios para proteger los manglares mientras el país amplía su producción nacional de sal, incluso en antiguos estanques de acuicultura abandonados cerca de estos ecosistemas. El proyecto piloto explora cómo diseñar nuevos incentivos gubernamentales que impulsen la producción de sal y, desde el principio, garanticen la protección de los manglares. Como señala el informe , diseñar nuevos subsidios que beneficien a la naturaleza desde el inicio resulta más sencillo y menos costoso que tener que reparar los daños posteriormente.
En conjunto, estos proyectos piloto buscan demostrar que es posible comenzar a impulsar reformas significativas desde ahora, mediante cambios específicos y políticamente viables que sienten las bases para ampliar estas iniciativas a mayor escala.
“Convertir los compromisos de reforma en medidas concretas es fundamental tanto desde el punto de vista fiscal como ambiental — pero también supone un gran desafío, especialmente porque los subsidios suelen tener un alcance amplio y beneficiar a una parte importante de la población o a grupos de interés influyentes,” afirmó Diego Mesa Puyo, director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. “La COP17 puede dar un impulso decisivo para acelerar la identificación de subsidios ineficientes y perjudiciales, y movilizar el apoyo que los gobiernos necesitan para llevar a cabo reformas estructurales. Pocas cosas son tan contradictorias como destinar fondos públicos a dañar los ecosistemas de los que dependen nuestros medios de vida y nuestras economías. Para avanzar con estas reformas, debemos eliminar gradualmente los subsidios ineficientes y perjudiciales, o dirigir mejor aquellos que son esenciales por razones de equidad, para que dejemos de pagar dos veces. Las políticas públicas y los recursos de los contribuyentes deben beneficiar las personas y la naturaleza, no perjudicarlas.”
Acerca de Conservación Internacional
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